En España se está generando un movimiento de ciudadanos conscientes de que nuestro país necesita un cambio profundo.
Algunas de las claves de ese cambio necesario se encuentran en las pautas que marcó Eduardo García de Enterría,
brillante jurista que nos dejó el pasado 16 de septiembre y que representa el consenso autonómico durante la Transición.
De haberse cumplido esas pautas no se habrían producido los principales males que aquejan a la política territorial de España, con un Estado de las Autonomías que produce nuevos centralismos regionales y que derrocha el dinero de todos para beneficiar a una clase política profesional y protegida por privilegios fuera del alcance de la mayoría de la ciudadanía.
Por ello es importante recordar algunas de las claves de aquellos “informes de Enterría” elaborados por expertos de tendencias políticas diversas para conferir una mayor representatividad a sus conclusiones. Entre esos expertos figuran socialistas como Tomás de la Quadra-Salcedo, Francisco Fernández Marugán, representantes de la derecha política como José María Aznar y políticos históricamente más independientes como el actual europarlamentario de UPyD Francisco Sosa Wagner.
Concretamente, del primer Informe de Enterría surgieron propuestas fruto de la seriedad y de la reflexión, que sería necesario retomar en el escenario de debate de lograr una mejor articulación territorial de España. La mayoría de las propuestas fueron sistemáticamente incumplidas, comenzando por la primera de ellas relativa a aplicar rigurosamente la exigencia del artículo 143 de la Constitución para la creación de las comunidades autónomas en base a la “entidad regional histórica”. Así surgieron autonomías sin precedentes en la organización territorial de España como La Rioja, Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha entre otras.
Aún más relevantes fueron las propuestas para asegurar la máxima representación de las regiones y de las provincias a un coste mínimo, sin incrementar el número de políticos a sueldo. Así, el informe proponía un inteligente sistema de elección directa de diputados regionales que fueran al mismo tiempo diputados provinciales de sus respectivas provincias. Las Diputaciones Provinciales debían recibir las competencias para gestionar los servicios de las Comunidades Autónomas en cada provincia; todo ello con el fin de “evitar la burocratización de los servicios centrales” y para impedir la aparición “de una administración periférica de las Comunidades Autónomas”. Lejos de cumplir estas propuestas, comunidades autónomas como Andalucía vaciaron de competencias a las Diputaciones Provinciales, formaron su propia administración periférica de Delegaciones Provinciales y centralizaron todo el poder en la capital autonómica. En nuestro caso, esa práctica implicó que Granada perdiera un poder de decisión que ganó Sevilla. Poniendo un ejemplo práctico, de haber seguido las pautas del Informe de Enterría la gestión de la Alhambra y de Sierra Nevada estaría íntegramente en Granada.
El informe proponía asimismo restricciones al gasto en diputados regionales. El número de consejeros no debía ser superior a diez, mientras que los demás diputados sólo percibirían dietas por su asistencia a las sesiones y no sueldos fijos, cosa lógica al contar de hecho con un sueldo por su condición de diputados provinciales.
Con objeto de prevenir el nepotismo y la excesiva politización de cargos públicos, el informe proponía limitar el personal de libre designación al estrictamente preciso para el apoyo inmediato de los órganos políticos, de forma que todos los cargos desde el nivel equivalente a Director General serían designados entre funcionarios. Esta limitación existe por ley en el Gobierno Central, pero ninguna comunidad autónoma la ha querido implantar.
Como consecuencia de no haberse puesto en práctica el Informe de Enterría, en lugar de una sana descentralización que favorezca la igualdad de todos los españoles, se ha creado un sistema injusto que fortalece centralismos regionales, reforzados por estructuras administrativas sobredimensionadas y muy politizadas. El “café para todos” pasó a ser café a la carta, dotándose cada autonomía de un autogobierno mal entendido que en el fondo se traduce como la defensa de los privilegios de una potente casta autonómica que vive a costa de los impuestos que pagamos el resto de ciudadanos.
Remedios Roldán Ávila
